España es uno de los países de
Europa con mayor irradiación anual. Esto hace que la energía solar sea en este
país más rentable que en otros. Regiones como el norte de España, que
generalmente se consideran poco adecuadas para la energía fotovoltaica, reciben
más irradiación anual que la media en Alemania.
La primera instalación
fotovoltaica conectada a red en España fue la planta piloto que Iberdrola
instaló en San Agustín de Guadalix en 1984. Sin embargo, durante la década de
1980, el mercado fotovoltaico en España se ciñó al abastecimiento de
aplicaciones aisladas.
No fue hasta 1993 cuando se
pudieron instalar otros cuatro sistemas de conexión a red en unas viviendas
particulares de pozuelo de Alarcón. A estos le siguieron otros proyectos de
demostración: una escuela de Menorca, el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica
de Madrid, y en la
Biblioteca de Mataró, siendo la más importante la planta
"Toledo-PV".
A finales de 1995 la potencia
total sumaba 1.6 MW a pesar de que ninguno de los sistemas mencionados
estuviera incorporado legalmente en el contexto general del sistema eléctrico.
Al no existir una normativa específica que los regulase, se encontraban en una
especie de vacío legal.
En 1998 el Gobierno aprobó el
Real Decreto 2818/1998 que reconocía la necesidad de un tratamiento específico
para esta alternativa energética, estableciendo unas primas de 30 y 60 pesetas
por kWh vertido a la red, para sistemas con potencial nominal superior e
inferior a 5 kWh, respectivamente.
En el año 2000, solo dos sistemas
habían logrado acceder a esas primas, y el Gobierno publicó un nuevo Real
Decreto, el 1663/2000, que estableció condiciones técnicas y administrativas
específicas, y supuso el inicio de un lento despegue de fotovoltaica en España.
El verdadero marco regulador que
impulsó definitivamente el desarrollo de centrales solares fotovoltaicas
conectadas a la red fue el Real Decreto 436/2004 y el Rd 661/2007, en el que se
estipulaba una prima de 0.44€ por cada kWh fotovoltaico que se inyectaba en la
red.
Gracias a esta regulación, España
fue en el año 2008 uno de los países con más potencia fotovoltaica instalada en
el mundo. Sin embargo, a partir del 30 de Septiembre de 2008 esta actividad
quedó regulada mediante el RD 2689/2008 de retribución fotovoltaica, que
estableció unas primas variables en función de la ubicación de la instalación,
estando sujetas además a un cupo máximo de potencia anual instalada a partir de
2009 que se adaptaría año a año en función del comportamiento del mercado.
Estas modificaciones en la legislación del sector ralentizaron la construcción
de nuevas plantas fotovoltaicas.
En 2011 se aprobó el Real Decreto
por el que se estableció la regulación de las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de la conexión a red de instalaciones de producción de
energía eléctrica de pequeña potencia.
Actualmente, el acceso a la red
eléctrica en España requiere una serie de permisos de la administración y la
autorización de la compañía eléctrica distribuidora de la zona. Ésta tiene la
obligación de dar punto de enganche o conexión a la red eléctrica, pero en la
práctica el papeleo y la reticencia de las eléctricas están frenando el impulso
de las energías renovables en general, y de la energía fotovoltaica en
particular. Las eléctricas buscan motivos técnicos, como la saturación de la
red, para controlar sus intereses en otras fuentes energéticas y con la intención
de bloquear la iniciativa de los pequeños productores de energía solar
fotovoltaica.
Esta situación provoca una grave
contradicción entre los objetivos de la unión Europea para impulsar las
energías limpias, por una parte, y en España, la realidad de una escasa
liberación del sector energético que impide el despegue y la libre
competitividad de las energías renovables. A principios de 2013 la potencia
instalada en España ascendía a 4.381 MW.
